Previsiblemente a principios de septiembre se conocerán las condiciones que la Comisaría de Competencia de la Unión Europea pueda imponer a la combinación de los operadores MásMóvil y Orange (en adelante, “O-M”), ambos titulares por separado de autorizaciones administrativas, espectro radioeléctrico, infraestructuras técnicas y no obstante lo último y más importante, juntas, cerca de 7.700 personas empleadas (algo menos de la mitad que Telefónica España) y probablemente induciendo otros cerca de 12.000 puestos de trabajo en empresas proveedoras y colaboradoras.
El pasado 26 de junio la comisaría de Competencia emitió su pliego de objeciones en el que señalaba que la operación propuesta entre los actuales segundo y cuarto operador del mercado español puede tener impactos significativos en la competencia en el segmento de gran público y crear el riesgo de incrementos de precios para los usuarios particulares de servicios de telecomunicaciones. Aparentemente, no se apreciarían efectos adversos en el mercado mayorista, si bien la ejecución de acuerdos entre operadores podrían resultar o intensificar situaciones de preponderancia en las redes de acceso y transporte. O-M tendrá, según datos de la CNMC del pasado mes de mayo, una cuota del 42,25% del mercado de banda ancha fija residencial, ocho puntos porcentuales por delante del segundo operador y del 43,18% del mercado de telefonía móvil, más de quince puntos porcentuales por delante de su más directo competidor, que para ambos mercados, según el número de accesos atribuidos, es Telefónica.
O-M tendrá pues una posición de mercado formidable, a medio camino entre la relevancia y la dominancia, teniendo en cuenta que los negocios de conectividad pueden considerarse maduros -en razón del estancamiento de los cerca de 32.600 millones de euros de la suma de los ingresos totales generados de media por los respectivos segmentos en los últimos diez años según Statista- y la estructura de la oferta, en razón de las barreras de entrada y de las exigencias regulatorias de número mínimo de operadores de red móvil, consolidada. En previsión de posibles distorsiones en las condiciones de mercado derivadas de la alteración súbita de cuotas y con el fin de propiciar la rivalidad continuada en base a la reducción de los precios finales, que conforme a la política pro-consumidor de la UE es el indicador de referencia de un mercado disputado, para que la combinación O-M pueda llevarse a efecto será necesario imponer por el regulador europeo ciertas medidas, comúnmente llamadas “remedios regulatorios”, que debieran facilitar la aparición de un cuarto operador reforzado gracias a los activos, derechos o condiciones de acceso a mercado que pueda cederle, en términos mutuamente aceptables O-M.